La Defensoría del Pueblo mostró este miércoles su preocupación ante la vulneración del derecho a la salud de los ciudadanos, especialmente por la crítica situación que vive la Nueva EPS. 

“Está situación es crítica, especialmente para los afiliados a la @NuevaEPS_  , entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada. Vemos con preocupación el embargo de las cuentas de @NuevaEPS_ porque complica aún más la situación de hospitales y dispensarios, y afecta gravemente la garantía del derecho a la salud”, detalló la Defensoría del Pueblo en su cuenta de X. 

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Explicó que “aunque el país entero se encuentra afectado por esta problemática, hacemos un llamado de atención sobre la situación de los departamentos de Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima”.

De igual manera, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional. 

“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, a dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas”, dijo.

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Así mismo enfatizó que “la falta de empatía (del Gobierno Nacional) con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.

A lo que se refiere la Defensoría es sobre la declaración que realizó el ministro de Salud Guillermo Jaramillo indicando que “los ricos también lloran” refiriéndose al gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, quien lloró en una rueda de prensa al tener frustración por no poder pagar los salarios de hace cuatro meses al personal médico debido a los retrasos en los pagos que debería realizar la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno Nacional.

En cuanto al embargo, la Nueva EPS afirmó que asciende a $2.1 billones, que comprometen su operación y la atención a los más de 11 millones 700 mil afiliados.

Según la EPS, en noviembre del año pasado el monto embargado pasó de $422.000 a $887.000, pero cuatro juzgados aumentaron la cifra hasta los $2.1 billones.

Estos recursos, indica la Nueva EPS, tienen un impacto en la prestación de servicios de salud y el flujo de recursos hacia la red prestadora y gestores farmacéuticos a nivel nacional.

Recalcó que sin estos recursos, la Nueva EPS no podrá operar administrativamente y se afectarán 5 mil prestadores a nivel nacional, puesto que muchos de ellos tienen una dependencia financiera en la entidad.

Ante la preocupante vulneración del derecho a la salud en todo el país, en lo corrido del año, hemos promovido y participado en varias mesas interinstitucionales entre las EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, las y los usuarios y pacientes, para garantizar, tanto la atención…

— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) January 21, 2026